Fuente RFI.

 

©Reuters

Por Jesús Moreno Abad

Los ministros de Rodríguez Zapatero intervinieron para que no prosperen las órdenes de detención por la muerte del cámara José Couso y no pusieron “reparos” a los vuelos de la CIA en su territorio. La Fiscalía aconsejó a EEUU para detener el proceso contra Guantánamo.

 

 

El camara asesinado José Couso.

 

Los ministros españoles trabajaron para que no prosperasen los procesos judiciales abiertos en España contra los presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos que afectaban a su país, como la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak o las escalas de vuelos de la CIA en territorio español. También se utilizaron determinados cargos oficiales del Estado para evitar que prosperasen los procesos abiertos contra los crímenes de la prisión de Guantánamo que los jueces españoles querían juzgar amparándose en el precepto de la justicia universal. Eso al menos es lo que relatan los cables diplomáticos de la embajada de EEUU en España filtrados por Wikileaks al diario El País. EEUU utilizó su artillería diplomática y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se mostró receptivo, según esos cables.
El 8 de abril de 2003 el cámara español José Couso se encontraba filmando a un tanque de la 3° División de Infantería estadounidense desde el hotel Palestina de Bagdad, el lugar acordado con EEUU para que se alojarán los periodistas que cubrían la guerra de Irak. En un momento dado, el acorazado M1 Abrams giró su cañón de 120 mm hacia él. La cámara contra el cañón, frente a frente, separadas por el río Tigris. Unos segundos después, José Couso yacía en el suelo desangrándose. Pero el disparo que lo mató quedó grabado para siempre.
Desde ese día, la familia de José Couso se empeñó en llevar el caso ante los tribunales españoles. Su demanda asegura que fue un asesinato, que EEUU sabía perfectamente que ese hotel estaba lleno de periodistas –pues así se pacto con su Gobierno-, que era, en definitiva, un crimen de guerra. Su caso lo escuchó el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, que emitió una orden de detención internacional contra los tres soldados estadounidenses involucrados en la muerte del cámara español.
Cuando sucedieron esos hechos, el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, encabezaba pancarta en mano las manifestaciones contra la invasión estadounidense en Irak y el colaboracionismo en esa guerra del presidente español José María Aznar. Su promesa de retirar las tropas españolas de las arenas iraquíes le hizo ganar las elecciones, presentándose ante la sociedad como un político de ideales capaz de decir no a los delirios belicistas de George W. Bush. Retiró las tropas, pero, atendiendo a los mensajes que los embajadores estadounidenses afincados en España enviaban al Departamento de Estado norteamericano, ahí finalizó su firmeza contra la vulneración del derecho internacional de EEUU.
Conseguir el archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante los últimos siete años. Ahora quedan al descubierto su coacción diplomática y la receptividad que encontró en el Gobierno de Rodríguez Zapatero: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional”, decía un telegrama confidencial, fechado el 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador estadounidense Eduardo Aguirre.
La Embajada admitía que aunque en público los diplomáticos españoles mostraban “respeto por la independencia del sistema judicial español” y por “la trágica muerte” de Couso, “entre bastidores”, luchaban “con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos” contra los tres militares implicados.
Tras la resolución judicial que pedía la detención de los militares estadounidenses, dos ministros españoles se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. El primero en llamar fue el entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró a Aguirre que “el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez”. El siguiente fue el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para decir que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba “implicada en el tema” y que, “el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución”. Respeto a la justicia de puertas para afuera y los hilos del poder moviéndose por detrás para dirigir los procesos.
“Sin reparos” para los vuelos de la CIA
Hubo más. El presidente español, Rodríguez Zapatero, siempre aseguró que no tenía constancia de los ya famosos vuelos clandestinos de la CIA, que, como fantasmas, hacían escala por aeropuertos europeos –incluidos los de España-, transportando a sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos. Eso decía el presidente y lo contrario transmitía la Embajada de Madrid a EEUU: “España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia a través del territorio español”, decía el embajador, según declaró que le había transmitido la vicepresidenta española, Fernández de la Vega. “El Gobierno de Zapatero tendrá pocas dificultades en manejar este asunto”, apostilla.
La Embajada de Estados Unidos también se metió a fondo en el barro diplomático en 2009 para frenar una querella presentada en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra y torturas en la prisión de Guantánamo.

 

El juez Baltasar Garzón se hizo cargo del caso al preguntar a la fiscalía si debía o no admitir la querella. Eso revolucionó a la fiscalía y al Gobierno español, que para nada quería hacer justicia contra la terrorífica prisión en los tribunales españoles.
“Retorcer el brazo del juez” que quiere juzgar Guantánamo
La Embajada estadounidense se puso inmediatamente en contacto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. “Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón”.
El fiscal jefe además aconsejó una estrategia de defensa a EEUU. Si el Gobierno de EE UU abriera su propia investigación, les sugirió Zaragoza según narra el cable confidencial, España no podría reclamar la jurisdicción universal. La “única salida” para el Gobierno de EE UU, recoge el mensaje confidencial.
La cacería para parar los pies al juez Garzón había comenzado. El fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, califica de “fraudulenta” la querella y anuncia que la fiscalía se opondrá. “Si hay evidencias de actividad criminal por parte de oficiales de EE UU, debe abrirse un caso en EE UU. Admitir la querella sería como convertir la jurisdicción universal en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo”, aseguró en una rueda de prensa. Los cables revelan “una estrategia para retorcer el brazo” del juez e impedir que siga adelante con ese proceso.
Según publica el diario El País, expertos penalistas creen que la fiscalía española ha podido vulnerar la ley. Es “Un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial”, según la Asociación Libre de Abogados (ALA), que define como “clientelismo y vasallaje” la relación entre la Fiscalía española y la Embajada de Estados Unidos.

El Gobierno español guarda silencio.

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